Asumen 70 legisladores con el compromiso de frenar la crueldad animal

El Congreso de la República inicia su nuevo período legislativo con un hecho sin precedentes: 70 de sus integrantes electos, compuestos por 40 representantes a la Cámara y 30 senadores, llegan al Capitolio habiendo firmado, antes de su elección, el compromiso público de la campaña Voto Animalista Colombia. Equivalen al 21,9% de la Cámara y al 29,1% del Senado, siendo uno de cada cuatro integrantes del nuevo Congreso.

Entre los firmantes a título personal figuran Ariel Ávila, Jennifer Pedraza, Yessid Pulgar Daza, Andrea Padilla, Jaime Raúl Salamanca, Esmeralda Hernández y María Fernanda Carrascal, a quienes se suma la adhesión institucional de la lista cerrada del Pacto Histórico, que incluye nombres centrales del nuevo Congreso como Aída Avella, David Ricardo Racero, María del Mar Pizarro y Alfredo Mondragón.

Su llegada al Congreso no es azarosa, ya que marca una pauta necesaria frente a la escalada de crueldad que recorre el país, un fenómeno que ha desbordado la capacidad de las autoridades y que genera un profundo malestar social. Solo en lo que va de 2026, los envenenamientos masivos de perros y gatos se han repetido de norte a sur, con decenas de animales de familia y comunitarios muertos y, hasta hoy, sin un solo responsable condenado.

Una ola que recorre el país

Solo entre marzo y julio de 2026, el mismo patrón se repitió en departamentos muy distintos. En marzo, en Sabaneta (Antioquia), al menos tres perros —Abril, Abby y Nutella— murieron envenenados en parques y zonas comunes del municipio, y la Alcaldía anunció que el caso pasaría a la Policía y la Fiscalía.

En mayo, en Palmira (Valle del Cauca), varios gatos aparecieron muertos en el barrio Bosques de Versalles tras consumir alimentos contaminados dejados en la vía pública, y la Secretaría de Seguridad departamental confirmó que ya adelantaba las indagaciones. Y en julio, en el corregimiento de San Antonio, zona rural de Sahagún (Córdoba), seis perros y un gato murieron tras consumir menudencias impregnadas con un líquido verde dejadas de forma deliberada en el sector, con casos que se replicaron en veredas vecinas. En ninguno hay, hasta ahora, un responsable ante la justicia.

Floridablanca: 30 perros y gatos muertos por un veneno rociado en las calles

El caso de mayor resonancia salió a la luz en el barrio Los Andes de Floridablanca (Santander), donde los vecinos denunciaron el presunto envenenamiento de cerca de 30 perros y gatos por una sustancia rociada en una jardinera del sector, el mismo espacio donde juegan niños y transitan las familias.

Su toxicidad era tal que bastaba inhalarla, o el simple contacto con una herida, para provocar vómito, convulsiones y la muerte en cuestión de horas; una sola familia perdió tres gatos. Meses después, y pese a las denuncias formales de la comunidad, no hay un solo responsable identificado. Es este mismo vacío institucional el que esos 70 legisladores llegan a enfrentar.

Una ley histórica que no se aplica: la primera batalla de la bancada

La paradoja es que Colombia ya cuenta con la herramienta legal: la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025) elevó las penas por matar, lesionar gravemente o abusar de un animal, convirtió el delito en no excarcelable y ordenó crear un registro de maltratadores, guías forenses veterinarias y una ruta nacional de atención en todos los municipios.

Pero un año después de su promulgación, el propio Congreso constató en abril la brecha entre la norma y su ejecución, ya que el registro carece de financiación y las herramientas técnicas siguen pendientes. Los datos oficiales explican la urgencia: desde 2016 se han registrado más de 15.500 denuncias por maltrato animal, pero apenas el 1,4% ha terminado en condena.

Por eso, la primera batalla de la nueva bancada será exigir la implementación efectiva y la financiación completa de la Ley Ángel, cuya autora forma parte, además, de los 70 firmantes del compromiso.

“No estamos hablando de una promesa aislada ni de una declaración de campaña. Estamos hablando de 70 legisladores con adhesión pública a los principios de la protección animal general, respaldados por más de 8,6 millones de votos, que llegan al Congreso con un compromiso verificable. Eso es un piso político concreto sobre el cual legislar. Y deja al resto del Congreso —el otro 75%— ante una pregunta sencilla: ¿por qué no firmaron?”.

Así lo señala Sofía Videla Zurita, Directora de Campañas de LatinGroup for Animals, red que junto a Plataforma Alto, Sinergia Animal, AnimaNaturalis Colombia y Terra Vida Animal impulsó la campaña Voto Animalista Colombia.

En este inicio de legislatura, la campaña mantiene sus puertas abiertas a los congresistas que deseen sumarse, invitando a la ciudadanía a verificar en votoanimalista.com/colombia qué candidaturas y partidos asumieron este compromiso y quiénes aún guardan silencio.